La responsabilidad administrativa en materia de prevención de riesgos

Los empresarios tienen obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estos deberes puede dar lugar a responsabilidades de índole administrativa.


Esta responsabilidad consiste en la imposición de sanciones al empresario infractor por parte del organismo público competente. La exigencia de responsabilidad está sujeta a los siguientes principios:


1)  Tipicidad: las infracciones deben estar tipificadas como tales en las normas.

2)  Legalidad: las normas que definan las conductas sancionables deben tener rango de ley.

3) Proporcionalidad: se deben valorar los distintos incumplimientos con la correspondiente graduación de las sanciones.

4)  Responsabilidad: debe existir dolo o culpa, tanto por acción como por omisión, para que pueda exigirse responsabilidad al empresario.

5)  Non bis in idem: la misma conducta no puede ser configurada como infracción administrativa y como delito o falta penal, si hay identidad de sujetos, hecho y fundamento.


Son sujetos responsables los empresarios titulares de un centro de trabajo, los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Y son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral conforme al texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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