Los artículos 136 y siguientes regulan lo relativo a la incapacidad permanente de un trabajador, aquella situación por la que éste después de haber sido dado de alta médica, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral.
Los elementos que configuran el concepto de incapacidad permanente y están presentes en esta situación son la existencia de un tratamiento médico anterior, una alteración grave de la salud, un diagnóstico objetivable, el carácter previsiblemente definitivo de las lesiones y su repercusión en la capacidad de trabajo.
La incapacidad permanente es una situación protegida por la Seguridad Social cuando una enfermedad o lesión produce limitaciones graves y duraderas que reducen o anulan la capacidad laboral. La valoración debe atender no solo al diagnóstico, sino también a las tareas que desempeña la persona afectada y a las limitaciones funcionales acreditadas.
El sistema distingue distintos grados según la repercusión de las lesiones o enfermedades sobre la capacidad para trabajar:
Para determinar el grado se estudian los informes médicos, el tratamiento realizado, las limitaciones funcionales y las exigencias de la profesión habitual. No basta con acreditar una enfermedad: es necesario demostrar de qué manera afecta a la capacidad laboral.
El procedimiento se tramita ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La resolución debe examinarse en relación con los informes médicos y los requisitos de la prestación. Cuando se deniega la incapacidad o se reconoce un grado inferior al solicitado, puede ser posible formular la reclamación previa y, en su caso, acudir al orden jurisdiccional social, respetando los plazos aplicables.
Ante una denegación del INSS o una discrepancia sobre el grado reconocido, resulta importante revisar la documentación médica, las funciones del puesto y el contenido de la resolución para determinar las opciones de reclamación.