Postura de los tribunales sobre el periodo de prueba de un año

El Estatuto de los Trabajadores recoge la regulación básica sobre el periodo de prueba al que se somete un trabajador cuando da comienzo a una relación laboral. En el mismo se establece la posibilidad de que mediante negociación colectiva se fijen los periodos de prueba correspondientes pero marca unos límites que consisten en seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores. A pesar de los descrito en el Estatuto, el Real Decreto de 2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores introdujo un nuevo régimen sobre el periodo de prueba para el caso de los contratos celebrados por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores en el que este se alargaba hasta una duración de un año.

Esta decisión dio lugar a cierta controversia en la jurisprudencia de los Tribunales de nuestro país que consideran que el periodo de prueba tiene el objetivo de comprobar si el trabajador posee o no las aptitudes requeridas para su contratación y por lo tanto debe responder a las notas de proporcionalidad y provisionalidad.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, ha alegado que la coyuntura económica actual justifica la ampliación de este periodo.  

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