EL CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS IV. EXTINCIÓN Y CASOS ESPECIALES

El contrato laboral en prácticas celebrado con recién titulados universitarios o de formación profesional se extingue con la llegada del término convenido previo aviso.

En el caso de que a la finalización del contrato se diera la incorporación del trabajador, la misma deberá ser a través de un contrato indefinido o temporal pero sin la posibilidad de realizar un nuevo período de prueba.
Además, hay dos contratos en prácticas especiales:
- Los de interno-residentes, regulados en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios
- Los de investigadores que trabajan en instituciones del sistema español de ciencia y tecnología

El contrato laboral en prácticas regulado para la formación profesional de los trabajadores que están en posesión de un título universitario o de Formación Profesional de Grado Medio o Superior dentro de los cinco años siguientes a la finalización del mismo es susceptible de dos prórrogas con una duración mínima de 6 meses y siempre que no se supere el tiempo de 2 años establecido como duración máxima para este contrato.

Debe celebrarse por escrito y en modelo oficial y el incumplimiento de estos términos lo convierte en un contrato por tiempo indefinido salvo que el empresario demuestre la temporalidad del mismo.

En ocasiones, es frecuente encontrar contratos de obra y servicio que no han cumplido los requisitos establecidos por la Ley y en realidad estamos ante una cesión ilegal de trabajadores llevada a cabo por una empresa contratista que es realmente una empresa aparente o simulada por la principal. Otro supuesto de cesión ilegal de trabajadores sería aquel por el cual, aunque las empresas están legalmente constituidas, una de ellas cede a sus trabajadores sin mantener el poder de dirección, característica esencial en la cesión legal.


La jurisprudencia en aras de la seguridad estableció ciertos criterios para detectar cuando se estaba frente a esta figura ilícita que se incorporaron posteriormente al artículo 43 del Estatuto a través de la ley 46/2006, para la mejora del crecimiento y el empleo.


  • Existencia de infraestructura organizativa suficiente. No solamente trámites formales como la constitución de la sociedad.
  • La organización, el control y en definitiva el poder de dirección de la actividad laboral debe corresponder al contratista sin perjuicio de la facultad de supervisión del empresario principal.
  • Aunque materialmente puedan coincidir (mismo sector), el objeto de la contrata es una  actividad específica y delimitada absolutamente diferenciable de la actividad de la principal. 


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